El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha anulado parcialmente un decreto de la Xunta que regulaba las Entidades de Colaboración Ambiental (ECA), argumentando que esto implicaba una privatización de los procedimientos de evaluación ambiental. La decisión se basa en un recurso presentado por la Confederación Intersindical Galega, que considera que ciertos artículos del decreto son contrarios a derecho. Esta resolución destaca la preocupación por la externalización de la tramitación ambiental y su impacto en la gestión pública.
